Europa tumba el impuesto al sol, pero el verano paralizará la tramitación

Una de las decisiones administrativas que más polémica ha creado en los últimos años en relación con las energías renovables ha sido el conocido como ‘impuesto al sol’. La tasa fue aprobada en 2015 por decreto y gravaba el uso de paneles solares para generar energía, incluso cuando esta estaba destinada al autoconsumo.

La medida se asentaba en el hecho de que los usuarios tenían que estar conectados también a la red eléctrica tradicional, que era la que da servicio nocturno en la mayoría de los casos y la que funciona como respaldo, y, por tanto, consideraba que también tenían que contribuir al mantenimiento de la red.

Aunque la medida ponía en una potencia contratada 10 kilovatios la frontera entre quienes tenían que pagar la tasa y quienes no, para las diferentes asociaciones de energías renovables la medida se veía entonces como un lastre para el salto al uso de este tipo de fuentes de energía y como una penalización para los usuarios de fuentes limpias de energía.

En 2015, todos los partidos políticos que estaban entonces en la oposición se comprometieron a derogar el decreto en cuanto asumieran el poder.

Por ello, el cambio en el gobierno volvió a poner el tema sobre la mesa e hizo que volviese a protagonizar artículos y debates y llevó a que las asociaciones relacionadas con las renovables recordasen los compromisos del pasado. A eso se sumó que Europa – en donde la cuestión también se estaba analizando y tramitando – estaba debatiendo sobre las tasas que deberían asumir las energías fotovoltaicas.

Europa prohíbe el impuesto al sol

Y la conclusión europea fue que el llamado impuesto al sol no debería existir. La Unión Europea ha prohibido a los países miembros imponer un canon por consumir energía generada de forma autónoma fotovoltaica. La decisión de la UE establece además otro punto que beneficia a los productores de energía solar para el autoconsumo.

Ahora mismo, si vierten en la red general el exceso de energía que producen no reciben ningún tipo de compensación por ello. La normativa europea da la base legal para que esto ocurra.

La decisión de las autoridades comunitarias no será, aun así, una solución a todos los problemas y no cambiará de la noche para la mañana los efectos que la normativa española tiene sobre los productores de energía solar.

La decisión de la UE tiene fecha de caducidad. Lo que han acordado los diferentes países miembros – que también se han comprometido a impulsar las energías limpias haciendo que el 32% de la energía consumida en 2030 llegue desde fuentes renovables – se aplicará hasta al menos 2026.

A partir de 2027, eso sí, los países europeos tendrán que justificar de una forma clara la aplicación de este tipo de medidas y, sobre todo, que el uso de autoconsumo de energía solar esté perjudicando a la red eléctrica.

Lo que ocurre en España

Pero la aprobación de este acuerdo no implica que las cosas vayan a cambiar de forma inmediata en España. Las leyes y la normativa españolas tienen que adaptarse a este nuevo marco y eso no ocurrirá, como estiman ya los expertos, hasta después del verano.

En España se está tramitando en el Congreso una proposición de ley para incentivar el autoconsumo eléctrico y para derogar el impuesto al sol, pero su tramitación no se podrá realizar hasta después del verano. Esta parálisis veraniega se explica por dos grandes razones.

Por una parte, la tramitación de la proposición de ley está paralizada en medio de votaciones entre los diferentes grupos. Por otra, el propio calendario de sesiones no da margen ya a que llegue antes de que se termine el verano.

Por así decirlo, las diferentes ventanas para sacar diferentes cuestiones en las sesiones que quedan del Congreso de los Diputados antes de que lleguen las vacaciones de verano están ya ocupadas.